La Paz, 20 Dic. (Europa Press).- El Grupo de Trabajo de Expertos en Afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha emplazado a las autoridades ecuatorianas a poner en marcha medidas «urgentes» para acabar con la discriminación que sufren los afrodescendientes, que suponen el 40 por ciento de la población que vive en la pobreza, pese a ser solo el 7,2 por ciento de la población total.
«Las personas están enfrentando dificultades para acceder a la justicia, seguridad, tierra, agua limpia, educación, atención de salud, vivienda y a oportunidades económicas», ha apuntado el presidente del Grupo de Trabajo, Ahmed Reid.
Así, los afrodescendientes sufren el «racismo ambiental» debido a la contaminación sistemática de sus fuentes de agua y del medio ambiente y existe una intimidación a sus comunidades y una respuesta insuficiente del Estado. «El Estado no debe permanecer indiferente ante los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las industrias extractivas y por otras empresas, se debe poner fin a la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y al racismo ambiental», ha apuntado Reid.
En particular Reid ha reseñado la situación en la provincia de Esmeraldas, en el extremo norte de la costa ecuatoriana, donde casi el 70 por ciento de la población es afrodescendiente. «Esmeraldas es una de las provincias más pobres de Ecuador: el 85% de su población vive por debajo del umbral de pobreza, el 23% tiene acceso únicamente a los servicios más básicos, y el 15% de la población es analfabeta,» ha explicado Reid.
Allí los afrodescendientes beben agua, se bañan y lavan su ropa en un río contaminado, por lo que terminan sufriendo enfermedades que incluyen erupciones cutáneas, infecciones genitales y otras enfermedades graves.
CONDICIONES DE ESCLAVITUD
Además, el informe denuncia la «criminalización de las personas afrodescendientes como una estrategia para reprimir o incluso eliminar la oposición a los proyectos extractivistas». Los activistas denuncian que se han entregado miles de hectáreas de tierras ancestrales a las industrias extractivas.
El texto señala además las «continuas violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los trabajadores» de las plantaciones y sus familias por parte de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones CA que extaen la fibra de abacá sin tener contratos de trabajo o seguridad social. «Existe trabajo infantil; y, efectos negativos sobre la salud debido a discapacidad física derivada de cortes, mutilaciones y accidentes laborales», recoge el informe.
Es el resultado de 56 años de trabajo de afrodescendientes en «condiciones equivalentes a formas de esclavitud moderna» para esta empresa.
Los expertos también están preocupados por la falta de acceso a la justicia de las personas de ascendencia africana y acogieron con satisfacción el compromiso del Tribunal Constitucional de abordar los casos pendientes.
Además, resaltaron la sobrerrepresentación de personas afrodescendientes detenidas. El Grupo de Trabajo visitó el centro de adolescentes infractores en Esmeraldas, donde el 90 por ciento de los detenidos eran personas de ascendencia africana. «Nos preocupa profundamente la falta de acceso a asesoría legal, la falta de agua limpia, alimentos inadecuados, recreación insuficiente, malas condiciones de vida e inseguridad», han explicado.
La misión ha reconocido las disposiciones progresistas de la Constitución ecuatoriana y el reconocimiento de los derechos colectivos de las personas afrodescendientes, pero pide campañas de sensibilización para combatir la discriminación racial, reconocer la contribución histórica de las personas de ascendencia africana y mejoras en educación, justicia y sanidad.