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El Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía busca reducir los niveles de hacinamiento carcelario que existe en el país y beneficiará a los reos condenados y con detención preventiva. Con la medida se pretende liberar al menos a 2.000 privados de libertad.
“La Asamblea Legislativa agendará con rapidez el tratamiento de este Decreto Presidencial, que será priorizado tomando en cuenta que es una medida humanitaria para los privados de libertad que cometieron delitos menores”, informó el diputado afroboliviano.
El Decreto Presidencial, que tendrá vigencia de un año, señala que el indulto, referido al perdón de la pena, beneficiará a personas que tengan sentencias ejecutoriadas igual o menor a ocho años, involucradas en la comisión de delitos menores.
La amnistía, que consiste en el olvido de la pena, beneficiará a las personas procesadas y detenidas preventivamente por delitos cuya pena sea igual o menor a cuatro años.
Los que no podrán sujetarse a este beneficio son:
a) Personas condenadas o procesadas por delitos en los que la Constitución Política del Estado o el Código Penal no admitan el indulto.
b) Personas que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada o procesada por delitos de asesinato, violación a niño, niña y adolescente, delitos contra la libertad sexual, traición a la Patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado y contrabando.
c) Personas que se encuentren con sentencia condenatoria ejecutoriada o procesadas por delitos tipificados en la Ley N° 004, de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
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